En 1996 se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como una forma excepcional de acometimiento al fenómeno delictivo de la delincuencia organizada, tanto en su contenido como en el procedimiento e investigación, tratando en todo momento el Estado mexicano en inocuizar a la delincuencia organizada por el potencial e inminente riesgo que causa, considerando al miembro de dicha organización como un sujeto especialmente peligroso; por ello, su estudio versa sobre un derecho penal de excepción o, como se le he denominado, como un derecho penal del enemigo. El presente artículo discurre sobre este polémico y acometido término con una vertiente de política criminal, especialmente haciendo un análisis sobre la legitimación y legalidad de dicho tratamiento excepcional.

En la realización del injusto típico mayoritariamente nos encontramos con su ejecución por un solo autor. Autor es aquel que comete el hecho punible, es el causante del acontecer típico, aquel que realiza el tipo penal en su lado objetivo y subjetivo, actuando antijurídicamente y en su caso culpable y por ende punible. En este caso el problema de la autoría y participación no contempla ningún problema, pero la situación cambia cuando la conducta penalmente relevante la cometen varias personas, como es el caso de la delincuencia organizada; la teoría dominante se basa en el denominado dominio funcional del hecho, el cual como se analizará, está en su momento de ocaso, para dar existencia a la teoría de la intervención delictiva por el quantum de participación de los miembros de la delincuencia organizada.